El domingo 1 de febrero en marco de las liberaciones de tres soldados y un policía que estaban en cautiverio por parte de las FARC mientras medios de comunicación nacionales e internacionales cubrían su regreso a la libertad y se iniciaba la polémica por las fotos y declaraciones de Jorge Enrique Botero, el periodista Hollman Morris era encarcelado y su material periodístico incautado por la policía del municipio de Caquetá.
Al principio algunos medios comunicaron que Morris estaba desaparecido, lo que prendió las alarmas sobre un supuesto secuestro. Al final de ese mismo día se dio a conocer que el periodista estaba siendo "custodiado" por las fuerzas militares pero aún no se conocían las razones por la cual el corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI) junto con su equipo de producción estaban "bajo la seguridad" de la policía.
El lunes se conoció por parte de altos mandos del gobierno que Hollman Morris era custodiado por los militares por motivos de protección y seguridad hacia el comunicador, aunque en un boletín de prensa RFI se aseguraba su corresponsal estaba retenido injustamente y que temían por su seguridad. La Fundación para la libertad de prensa (FLIP) expresó su preocupación por el hecho y catalogó de ilegal que a Morris se le haya pedido su material periodístico.
La situación del comunicador se complicó con las declaraciones del recién liberado, el agente Juan Fernando Galicia que respondió de manera afirmativa a la pregunta del presidente Alvaro Uribe sobre si las FARC los habían obligado a responder a una entrevista el mismo día de las liberaciones. El policía afirmó que los habían amenazado para que respondieran cosas buenas de la guerrilla y su situación y que la persona que los iba a entrevistar había sido "un periodista de apellido Morris".
Todo esto le valió al presidente de Colombia para tildar a Morris de "publicista del terrorismo", además para asegurar sin pruebas que el periodista tenía una estrecha relación con las FARC y que por eso pudo conocer las coordenadas de la liberación y entrar "como Pedro por su casa" a entrevistar a los aún secuestrados. Estas declaraciones abrieron la polémica dentro de la opinión pública sobre el papel de los periodistas en el cubrimiento de esos hechos y la relación (fuentes) de algunos comunicadores con grupos armados.
El vicepresidente Francisco Santos sentó su voz de protesta argumentando que "el Gobierno respeta y garantiza la libertad de prensa, pero considera que ni la libertad de prensa ni la liberación de secuestrados debes ser utilizados para hacerle apología a la violencia y a quienes someten al pueblo colombiano al secuestro, a tratos inhumanos, a mutilaciones y a ataques terroristas". El debate se trasladó a los foros de la Internet donde Morris fue tachado de guerrillero.
La ONU y la OEA expresaron su preocupación sobre la estigmatización del presidente hacía Morris. Según ambos organismos las declaraciones del jefe de Estado ponían en peligro la vida e integridad del periodista. Ambos organismos reconocieron que no se han tenido pruebas que vinculen a Morris con hechos criminales al igual que advertían que el periodista había recibido después de las declaraciones del presidente llamadas amenazantes.
En el transcurso de la semana los ataques del presidente frente al comunicador eran más insistentes, en un comunicado de prensa emitido por la Casa de Nariño se le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar al periodista por una supuesta manipulación de la información en el reportaje que estaba realizando para RFI y su programa Contravía. Esto fue considerado por la FLIP como un ataque personal contra Morris y la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como desmedidos los cuestionamientos del gobierno y consideró que la presentación de pruebas no vinculaban a Morris con actividades criminales y llamó la atención por la retención e intento de decomisar el material periodístico. Pero el presidente cuestionó estas críticas y catalogo está vez al periodista -al igual que a Jorge Enrique Botero- de permanecer al "bloque intelectual de las FARC".
En los últimos días el presidente Alvaro Uribe avisó que pedrirá a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) "la regulación de las medidas cautelares" en cuanto a la seguridad de Hollman Morris lo que claramente pone en riesgo su vida. Morris tuvo que salir hace dos años del país por amenazas contra su vida por grupos armados ilegales.
"Señalando a Morris"
