Abogados piden aumentar condena al coronel Plazas Vega

El abogado Rafael Barrios Mendivil, representante de los familiares de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá aumentar la condena proferida el pasado 9 de junio contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega de 30 a 40 años.

El ex comandante de la Escuela de Caballería fue condenado por el delito de desaparición forzada agravada en los hechos de la toma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo para el jurista está condena "no es coherente por ser un caso de lesa humanidad", por lo que pidió 10 años de prisión contra el alto oficial que está purgando su pena en la Escuela de Artillería, ubicada en el Cantón Norte en Bogotá, lo que también ha sucitado críticas por parte del abogado de la parte civil.

El ex comandante de la Escuela de Caballería, fue señalado como uno de los comandantes de la operación de retoma que terminó con la recuperación de la edificación, pero que también dejo un saldo de más de 100 muertos durante el intercambio de disparos y el incendio -provocado según algunos testigos por los rockets disparados por los tanques que él mismo comandaba- además de 11 personas desaparecidas (8 empleados de la cafetería, 3 visitantes ocasionales y una guerrillera).

Para la juez tercera penal de Bogotá, estás personas salieron con vida del Palacio y dirigidas por personal del Ejérctio, entre otros, a la Casa del Florero donde fueron torturadas por ordenes de Plazas Vega en la Brigada XIII, bajo el pretexto que eran guerrilleros y habían participado en el ingreso de armas y municiones para el grupo guerrillero. Algunas de estas personas fueron transportadas en la noche del siete de noviembre al Cantón Norte donde quedaba la Escuela de Caballería y el B-2 donde las toruras continuaron hasta producirles la muerte.

UNA CONDENA HISTÓRICA

La misma noche del 9 de junio, el presidente Álvaro Uribe y la cúpula militar realizaron una improvisada rueda de prensa televisada en la que catalogaban como "un golpe a la moral de las Fuerzas Militares". El presidente de la República precisó que "a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber. Duele, da tristeza".

Esa misma noche en la misma alocución instó a "blindar a los militares" y crear una legislación especial para proteger a las Fuerzas Armadas. Asimismo cuestionó que de los "verdaderos participes ninguno había sido juzgado y estaba en la cárcel", olvidando que fue él quien como senador promulgó el indulto al M-19 en 1992 buscando así "perdón y olvido" por todas sus acciones, incluido la toma del Palacio de Justicia.

Una semana después, la defensa del coronel, el jurista Jaime Granados, radicó la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá argumentando que su defendido"no era autónomo para actuar dentro del Palacio" señalando como primera prueba que la persona que comandaba la operación era su superior, el entonces comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Cabrales, por lo que el coronel Plazas Vega "sólo siguió ordenes".

Sobre la presunta responsabilidad del ex comandante de la Escuela de Caballería en los interrogatorios realizados al interior de la Casa del Florero, el jurista explicó que "esa responsabilidad recayó desde el primer momento sobre el coronel Edilberto Sánchez Rubiano comandante del B-2 (Comando de inteligencia del Ejército) quien también es investigado por los hechos de los desaparecidos y "durante la operación de retoma fue la persona que le transmitía esa información al general Arias Cabrales y al coronel Luis Carlos Sadovncik".

Los familiares de los 11 desaparecidos consideraron que la pena era justa pero no respondía el primer y más importante interrogante: ¿dónde están los cuerpos? "Si el condenado no responde a esto no importa si son 30 o 100 años de cárcel, llevamos 20 años esperando a qué se nos de alguna noticia de nuestros seres queridos y queremos que las personas encargadas de desaparecerlos sean castigadas pero también que respondan", señaló César Rodríguez, hermano de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería.

Por su parte, la esposa del coronel, Thania Vega de Plazas, consideró que la solicitud de los abogados de la parte civil de aumentar la condena era un "exhabrupto" al considerar que sólo se quería hacele más daño a un hombre inocente.

El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que dar en el próximo mes una respuesta a esta solicitud mientras analiza el recurso de apelación presentado por Granados. Mientras que el coronel de 62 años ya está próximo a cumplir dos meses de su condena.

El caso del magistrado Urán

"Ese es Carlos, salió con vida del Palacio de Justicia, en esa imagen se ve claramente que es él". De esta forma Ana María Bidegain reconoció a su marido, el magistrado Carlos Horacio Urán, en un video que permaneció oculto por cerca de 22 años y que le fue presentado por la Fiscalía en octubre de 2007. En él pudo comprobar después de dos décadas lo que le pareció ver en una imagen de televisión el 7 de noviembre de 1985, cuando del edificio aún humeante vio a su esposo salir con vida en compañía de personal de Defensa Civil que lo sostenían mientras éste salia lo más rápido cojeando, con saco oscuro pero sin camisa. Los socorristas lo entregaron a unos militares algunos de ellos de traje verde oscuro otros de caqui quienes lo montaron en una camilla.

La noticia no tendría nada de raro, de no ser porque el cuerpo del magistrado apareció en la tarde del 8 de diciembre dentro del Palacio, desnudo y con varios impactos de bala, uno de ellos en la sien, el cual según Medicina Legal fue el que le quitó la vida. Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, dejó una esposa y dos hijas. Su muerte desde el primer momento fue atribuida a los guerrilleros del M-19, quienes según un testigo, el guerrillero Andrés Almarales le disparó a mansalva antes de las dos y media de la tarde cuando el Ejército tenía casi el control total del edificio y la mayoría de guerrilleros ya habían muerto.

Sin embargo esa explicación le había dejado muchas dudas a Ana María. Desde el momento que recibió el cuerpo de Carlos Horacio en Medicina Legal alguien le dijo que las balas 9 milímetros que habían matado a su marido no eran de uso del grupo guerrillero sino del Ejército. Curiosamente esas mismas balas habían matado al también magistrado Manuel Gaona Cruz y al comandante del M-19 Andrés Almarales, considerado la persona que preparó la toma, y al que muchos periodistas e incluso militares de bajo rango aseguraron haber visto salir con vida del Palacio y llevado a una ambulancia que estaba por la carrera octava.

Veinte años después de los hechos, el fiscal Mario Iguarán reabrió la investigación del Holocausto del Palacio de Justicia por el caso de los 11 desaparecidos. Durante una inspección judicial realizada en agosto de 2007 al B-2 (Comando de Inteligencia del Ejército), agentes de la Fiscalía hallaron en una bóveda una caja marcada con el rótulo de "Guerrilleros del M-19, dados de baja de combate" los nombres de los magistrados Gaona Cruz y Urán Ruiz. Ahí se encontró además la billetera de este último con su cédula, credencial de magistrado, pase de conducir, libreta militar, tarjetas de crédito, fotos de su familia y unas estampas de la Virgen.

En el informe preliminar publicado por Medicina Legal se señaló que "Urán murió por un proyectil de nueve milimetros, disparado contra su cabeza a contacto". Sin embargo, en dicho reporte se mencionaron además las dificultades en el estudio del cuerpo puesto que este había sido movido del lugar donde se registró el asesinato, al igual de haber sido manipulado la escena del crimen: le quitaron la ropa, movieron su cuerpo y lo lavaron. Todo esto por ordenes del entonces comandante de la Brigada XIII y principal responsable de la operación de retoma, general Jesús Armando Arias Cabrales bajo la complicidad de los jueces de instrucción militar.

Sobre el caso, el magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, quien permaneció los dos días de la toma en el baño del segundo piso del Palacio de Justicia en compañía de otros magistrados y trabajadores del edificio, le aseguró a Noticias Uno que el magistrado Urán había "ofrecido" su camisa para que el también magistrado Reynaldo Arciniegas la portara como bandera blanca en el momento que se decidió mandarlo como "vocero de los rehenes" para que pidiera el cese al fuego e informara la situación de los 0 rehenes para desmentir la noticia que dentro del Palacio ya no habían civiles sobrevivientes o rehenes.

Curiosamente el mismo magistrado Pájaro Peñarando salió del Palacio junto a Urán a las 2 y 17 de la tarde del 7 de noviembre, pero por sus heridas el primero fue trasladado a la clínica Santa Rosa donde se le brindó ayuda médica. Sobre lo que sucedió después con Carlos Horacio nadie sabe, algunas personas, entre ellas la periodista Julia Navarrete, declaró en 1986 que vio salir con vida al magistrado Urán siendo trasladado por militares a la Casa del Florero.

"El país merece una explicación"

Para Ana María Bidegain "desde el primer día se presentaron inconsistencias en la información" sobre su marido, así como interferencias por parte del personal de la Fuerzas Militares y contradicciones sobre la forma en que murió el magistrado auxiliar del Consejo de Estado y el lugar exacto dónde fue encontrado su cuerpo. Para sustentar esta afirmación utilizaron el informe de Medicina Legal en el que se señalaba que "los hallazgos de la necropsia del abogado asistente del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán revelan circunstancias especiales.

En el tercer y último informe de la Comisión de la Vedad publicado el 17 de diciembre de 2009 se aseguró categoricamente que el magistrado Carlos Horacio Urán salió con vida y que su muerte fue producida "mientras se encontraba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del Estado, sumada al ocultamiento deliberado del hecho durante más de veinte años y a la impunidad que aún rodea el homicidio, compromete incuestionablemente la responsabilidad del Estado por la acción de sus fuerzas militares y la falta de esclarecimiento de los hechos, tanto desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como del Derecho Internacional Humanitario".

Sin embargo, sobre el también jurista Manuel Gaona, salieran con vida del Palacio. Según los magistrados Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera, existían "suficientes pruebas y testimonios" para señalar que murió por un tiro de gracia.

El 14 de enero de 2010, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar por el homicidio del magistrado por los delitos de genocidio, asesinato, desaparición y tortura, los cuales son de lesa humanidad por lo que no prescriben. Al otro día fue aprobada la exhumación del cadáver para así establecer los motivos de su muerte. También la Fiscalía abrió investigación por la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz y del guerrillero Andrés Almarales.

El general (r) Arias Cabrales negó ante la Fiscalía su responsabilidad en este acción, al igual que ha negado desde hace casi un año -momento en el que comenzó su juicio por los 11 desaparecidos- que haya comandado la operación de retoma del Palacio de Justicia. El ex comandante de la Escuela de Caballería explicó que "la única precisión que nosotros tenemos, y así está confirmado en declaraciones hechas por personas que estuvieron hasta el último momento en el Palacio de Justicia y que fueron posteriormente rescatadas, es que el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas fue víctima de los asaltantes del Palacio de Justicia y que falleció el 7 de noviembre, al final de las operaciones".

Así mismo se espera la declaración del general (r) Carlos Alberto Fracica, para la época de los hechos ostentaba el grado de mayor era comandante segundo de la Escuela de Artillería, así como de otros magistrados entre ellos Nicolás Pájaro Peñaranda.